Chetumal, Quintana Roo. - El Congreso del Estado de Quintana Roo acatará las determinaciones que ha tomado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la cual se promovió, por parte de tres magistrados electorales del estado, un juicio para la protección de sus derechos político-electorales a raíz de la demanda de juicio político que interpuso un Consejero del Instituto Electoral en Quintana Roo.
El Congreso
del Estado lamenta profundamente, que con esta resolución se esté sentando un
precedente legal que impide fincar responsabilidades a los servidores públicos,
en este caso Magistrados Electorales del Tribunal Local, aun cuando la sala
Regional de Xalapa, del mismo Tribunal Federal, les acreditó haberse
extralimitado en sus funciones en detrimento de las instituciones democráticas
de nuestro estado de Quintana Roo.
Dicha
resolución prácticamente imposibilita a los órganos locales encargados de la
fiscalización y revisión de las conductas de los servidores públicos de
Quintana Roo, que puedan conocer y sancionar a dichos magistrados electorales,
generándoles un manto de impunidad.
Igual de
grave resulta que la decisión del Tribunal no sea vinculante con el Congreso de
la Unión, es decir, no mandata a que éste inicie el procedimiento de juicio
político, sino que solo instruye se dé parte del caso, generando así una
simulación jurídica.
El Congreso
de Quintana Roo no acepta los señalamientos presentados en la exposición del
caso en el TEPJF en donde se acusa que el dictamen de la Comisión de Justicia y
su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Quintana Roo, son violatorios
del principio de legalidad al ser considerados “actos de molestia emitidos por
autoridad incompetente”, ya que cada uno de los pasos y determinaciones tomados
a la fecha, fueron apegados a nuestro marco jurídico, tanto federal como
estatal y también, derivado de una declaratoria de incompetencia que el propio
Senado de la Republica hizo, en la que señala que es tema de competencia del
Congreso de Quintana Roo para conocer el asunto.
Por ello
reiteramos que en cada decisión tomada en el Congreso siempre ha sido una
premisa fundamental terminar con la impunidad y la corrupción que tanto ha
afectado a la sociedad quintanarroense.
Desde el
inicio de los trabajos de la presente Legislatura se comenzó el
desmantelamiento de toda una estructura construida por el gobierno anterior con
el objetivo de que todos los delitos que cometieron quedaran impunes, es así
que los integrantes del Congreso comenzaron a desarmar el llamado “Paquete de
Impunidad” con el que pretendían protegerse.
El Congreso
del Estado de Quintana Roo, esperará la notificación oficial que haga el TEPJF
de la sentencia referida, a fin de conocer a detalle su contenido y a partir de
ello, determinar las acciones legales a emprender.
El Congreso
del estado de Quintana Roo reitera su compromiso de seguir actuando de acuerdo
al marco jurídico, tanto Federal como Estatal, respetando las decisiones de las
instituciones de los tres órdenes de gobierno y combatiendo la impunidad,
aunque, como en esta ocasión, se encuentren obstáculos en organismos que
deberían de fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y el
combate a la impunidad.
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