El Instituto
Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, aprobado por la
Cámara de Diputados en diciembre, en el que se le recortaron 950
millones de pesos.
La autoridad
electoral administrativa planteó que dicha reducción presupuestal,
aprobada por la Cámara de Diputados, vulnera su autonomía e impide su
participación en los comicios que se realizarán en cinco entidades.
“La
drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide
que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la
organización de los procesos electorales que se realizarán este año en
Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, con
lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de la ciudadanía en esas entidades”, indicó.
Señaló que el
recorte a su presupuesto también genera un impacto en la expedición de
millones de credenciales para votar gratuitamente, que fiscalice los
recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitoree las
transmisiones de radio y televisión y que cumpla con otras obligaciones
constitucionales y legales.
El instituto
refirió que el presupuesto que había previsto para este año incluía
medidas de austeridad, cuidando que los recursos fueran los necesarios,
lo cual, reclamó, no fue tomado en cuenta por los diputados.
Por ello, dijo
que decidió seguir la ruta jurídica establecida en el artículo 105 de la
Constitución y promover una controversia constitucional en contra del
PEF, por la vulneración a la autonomía e independencia.
“El INE
considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una
reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni
fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e
implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del
presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus
funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su
independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir
con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con
el gobierno federal”, aseveró.
En la controversia constitucional también se plantea la invasión a la esfera competencial del INE por
parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a
las condiciones de trabajo de los servidores públicos, las cuales se
rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.
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