En un comunicado dirigido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, las más de 40 organizaciones civiles hicieron del conocimiento “nacional, y de la próxima administración pública en lo particular”, que están atentos al proyecto del Tren Maya desde que se anunció, y a partir de ese momento lo desaprobaron.
Tras exponer que les “desagrada” porque violenta los derechos indígenas consagrados en la Constitución, destacaron que esperaban que con el cambio de administración las comunidades originarias se hicieran visibles “para la Federación y reconsiderara las formas para intentar poner en marcha el megaproyecto Tren Maya, pero con desagrado nos percatamos de que en esta nueva administración la historia no cambiará y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México”.
De igual manera, adelantaron su rechazo al resultado de la consulta ciudadana sobre el proyecto, “sea a favor o en contra”, porque “no es permisible que ninguna persona fuera de la Península de Yucatán pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios”.
Los inconformes señalaron que “una verdadera consulta” para los pueblos indígenas debe ser “libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, tal cual lo dispone la ley”.
Y resaltaron que el ejercicio ciudadano que se hará el próximo fin de semana no cumple con ninguno de esos principios, “puesto que el megaproyecto Tren Maya ya se inició, y prueba de ello es que ya se tienen, entre otras cosas, presupuestos, licitaciones, trazos y hasta fecha de inicio, y con nosotros nadie ha convenido absolutamente nada”.
Añadieron: “La única información que tenemos es lo que los noticieros han transmitido y las filtraciones que nos han llegado; de manera oficial no hay autoridad alguna que se haya sentado a dialogar con nosotros, a pesar de que la obra física pretenden asentarla en nuestros territorios”.
Y “ni hablar de buena fe, ésta no existe. Todo se ha llevado a nuestras espaldas, y para que sea culturalmente adecuada en primer término quisiéramos que cualquier decisión que se pretenda tomar sea en presencia de nuestras representaciones y en nuestros territorios”.
Insistieron que el Tren Maya, como otros proyectos, no acarreará beneficios ni desarrollo regional a las comunidades indígenas.
“No está planeado para nosotros, la gente común; es un proyecto turístico que sólo beneficiará a los pudientes y a los extranjeros. Nosotros, los dueños de las tierras, sólo lo veremos pasar, puesto que las estaciones no están contempladas en la mayoría de nuestros pueblos y sólo están considerados puntos de interés turístico que ya han sido copados por los grandes capitales”.
Según los indígenas, a sus comunidades sólo les tocará cargar con la parte perniciosa del proyecto, “esa situación ya la sufren las comunidades por donde circula el Tren Chepe y en su caso el desarrollo aún sigue pendiente, no queremos lo mismo para nosotros y nuestros hijos”.
Aclararon que no se resisten al progreso, pero están en contra del beneficio de pocos en detrimento de muchos. “Ya no aceptamos espejos a cambio de nuestras tierras”.
Los pobladores subrayaron que “desde hoy” rechazan “totalmente” el megaproyecto Tren Maya, y advirtieron que no permitirán que se violenten sus territorios y sus derechos.
Asimismo, exigieron que en éste y otros proyectos en los que se afecte su derecho al territorio, se convoque a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos a fijar su posición frente a los mismos.
“No es la consulta el fin último, sino sólo un mecanismo para acopiar y acercar información para estar suficientemente informado y sobre esa base poder tomar decisiones informadas.
“La consulta no es una simple encuesta que sirva para la toma de una decisión de aceptar o rechazar el megaproyecto. Lo importante es nuestro consentimiento en el marco del ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación”.
También demandaron “el respeto total y absoluto de los principios rectores que rigen la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”, y prohibieron “total y absolutamente” cualquier tipo de “subasta, autorización, permiso de cambio del uso del suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios sin el consentimiento” de las comunidades originarias, “antes y después del 1 de diciembre de 2018”.
Reiteraron su “rechazo y repudio” a “todo intento o simulación de consulta indígena a nuestros pueblos, meramente como requisitos para la obtención de nuestro consentimiento para la instalación del tren maya que se pretende”
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