GOBIERNO ANALIZA LA  APROBACION DE LEY DE MATERNIDAD SUBROGRADA

El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, anunció que ya analiza la abrogación de la ley de maternidad subrogada

El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, anunció que ya analiza la abrogación de la ley de maternidad subrogada debido a las inconsistencias que se han presentado.

El mandatario afirmó que se iniciaron procedimientos penales para quienes resulten responsables de expedir documentación a infantes de padres contratantes extranjeros y en los que estarían involucrados notarios públicos, médicos, oficiales de registro civil y enfermeras.

“Se está considerando eliminar la figura del código civil, la estoy considerando yo y los diputados locales porque lo que era una buena intención: ayudar a parejas que tenían dificultades para la maternidad se está volviendo en un negocio y es un verdadero trabajo de mafias”, explicó.

REFORMA CLANDESTINA

El gobernador aseveró que la Reforma al código civil de la Maternidad Subrogada se hizo en el gobierno de Roberto Madrazo casi en la clandestinidad, “me atrevo a afirmar que la reforma se hizo de manera casi clandestina, la reforma que permitió la maternidad subrogada”.

Recordó que en aquel entonces, era diputado federal, “y nunca me enteré que esta figura se incorporara las legislación civil de Tabasco y no lo sabía absolutamente nadie de todos los tabasqueños que he preguntado. No hemos encontrado ni huella del periódico oficial porque se metió dentro de una reforma al código civil y ahí se incluyó escondidita, yo me enteré en el año 2014, ya siendo gobernador, ante un conflicto de una ciudadana española que tuvo problemas para sacar su pasaporte porque presentaba como hijo suyo a un bebé”.

Refirió que se inició una investigación en la que se logró detectar un posible delito de trata de personas, “empezamos a descubrir una red de intereses que promovía en internet a través de despachos de abogados, a través de la complicidad, en algunos casos de notarios públicos, de oficiales de registro civil, de clínicas, médicos y enfermeras de esta actividad, cobrando hasta tres millones de pesos a los contratantes y dándole solo 10 mil pesos mensuales a la madre gestante, qué son hasta 90 mil durante todo el embarazo”, refirió.

Se ha documentado, dijo, la existencia de Casas de Huéspedes especiales para recibir a las parejas que vinieron a buscar a su bebé una vez cumplido el plazo, “de alguna manera rayaba (por lo que llegamos a ver) en el delito de trata y por eso decidimos modificar la legislación”.

Y es que pese al descontrol, las empresas que han visto afectados sus interés están buscando ampararse, sin embargo, explicó los casos recientes no pueden recurrir al derecho a la transitoriedad de la ley.

“Todos los contratos que se hubieran hecho antes de la entrada en vigor de la ley /(14 de enero de 2016) la respetaríamos en función de la transitoriedad, pero los que se hicieron después del 14 de enero ya no, porque ya no le permite la ley, entonces en algunos casos tenemos identificado que retrotrajeron la fecha de firma del contrato y ahora salen bebés que nacieron después del 14 de octubre, han presentado bebés nacidos en noviembre, diciembre, enero y pretenden presentarlos como que habían sido antes de la entrada en vigor de la Reforma, por eso en la medida que no se cumplen los requisitos de la ley del registro civil no está en condiciones legales de otorgar actas de nacimiento”.

Por lo anterior y en el alegato que el interés superior es el de la niñez por el derecho a la identidad y es un derecho humano universal, y para eso se han amparado, para que sean los jueces federales los que ordenen en su oportunidad entregar el acta de nacimiento.

En la entidad existe un número indeterminado de bebés de parejas extranjeras que van apareciendo progresivamente, prueba que no se llevaba ningún control de esos contratos del trabajo de las clínicas.

“Lo que se ha tocado son intereses económicos, hemos empezado a meter denuncias penales a la fiscalía por los casos que se inciden en delitos, todo el que haya tenido la responsabilidad en la comisión de un delito debe ser sujeto a la sanción correspondiente y que no haya impunidad”, advirtió.